miércoles, 20 de agosto de 2014

Abusos en la factura de la luz

Por Felipe Serrano
Análisis del secretario general de FACUA Jaén sobre las consecuencias del proceso de liberalización iniciado en 1997 por el PP y continuado posteriormente con el PSOE.
El proceso de liberalización del sector eléctrico iniciado en España en 1997, gobernando el PP, continuó con el PSOE quién en 2009 designó a cinco empresas (Endesa, Gas Natural, Fenosa, Iberdrola, HC Energía y E.ON), las únicas que pueden vender la energía eléctrica a tarifa.
Siempre vinculado a directivas comunitarias, nos dicen que con la finalidad de beneficiar al consumidor, sin embargo ha conllevado hasta el momento en España una subida del precio de la electricidad de casi el 80% en los últimos diez años. Subidas que se han visto agravadas por la subasta impuesta por el Gobierno del PSOE en 2009, que introdujo un plus de especulación en el sistema. Ello ha supuesto un incremento espectacular de las quejas de los consumidores, situándose en la actualidad en el tercer sector con más consultas y reclamaciones.
Pobreza energética
Esta liberalización ha ido acompañada de la famosa “puerta giratoria”, ya que entre estas compañías y las de gas ha dado lugar a que 24 altos excargos públicos de los distintos gobiernos de España (Felipe González (PSOE) y José María Aznar (PP), entre otras personalidades) encuentren cabida en estas empresas eléctricas.
Sin embargo la pobreza energética y la exclusión han aumentado en estos años. España es el cuarto país de la UE con más personas en situación de pobreza energética. Siete millones de españoles gastan más del 10% de sus ingresos en pagar las facturas de la luz y cuatro millones no pueden mantener sus viviendas a una temperatura adecuada en los meses duros de invierno.
Al despropósito regulatorio emprendido en estos últimos años por distintos gobiernos, se suma ahora, la nueva metodología de cálculo de los precios de la luz y su facturación, aprobada por el ministro Soria. No se entiende como una norma de tanta importancia, se ha tramitado sin una participación activa de los legítimos representantes de los consumidores, que sólo pudieron conocer el contenido de la norma con un escaso plazo de cinco días para hacer las oportunas alegaciones. Este aspecto, entendemos que vulnera los principios básicos de la participación ciudadana (que los deja a su mínima expresión), evidenciando una clara falta de voluntad por parte del ministerio de Industria y Energía de establecer procedimientos de participación que hagan del consumidor y sus representantes sujeto activo, y no meramente pasivo, en cuanto a la regulación de un sector como es el energético que afecta en las condiciones de vida de los ciudadanos, representando un suministro básico y esencial para una vida digna y previos ya a los alarmantes avisos que se están produciendo, no solo desde organizaciones sociales de España sino también desde organismos internacionales en relación al aumento de la pobreza energética.
Tarifas para no saber
Los consumidores tendrán ahora tarifas diferentes en función del tipo de contador instalado en cada domicilio y de su integración, o no, en un sistema de telegestión que genera una clara discriminación entre los consumidores y que impedirá conocer realmente el precio de la electricidad antes de que llegue la factura. El precio de kw/h se calculará cada hora y en base a perfiles de consumo estimados durante todo el periodo de facturación (1440 tarifas distintas). Todo ello conforme a una fórmula matemática de cálculo de tal complejidad que el Gobierno debe habilitar una herramienta para que posteriormente el consumidor calcule y compruebe si su factura es correcta.