miércoles, 31 de julio de 2013

Los 50.000 inversores pillados en solares: jubilados, agricultores, maestros, mecánicos, fontaneros...

Unos colocaron el dinero de su jubilación, otros sus ahorros. Agricultores, maestros, mecánicos, peluqueras, trabajadores ahora parados y un sinfín de pequeños ahorradores se fiaron del aval del Estado para invertir en fotovoltaica. Ahora, todos están pillados, sin poder pagar sus deudas por los sucesivos recortes.
Antonio Arévalo y Ángel Cañizares son dos agricultores de Pozoblanco (Córdoba). Arévalo, además, cuenta con una pequeña empresa de azulejos que por razones obvias ahora no pasa por sus mejores momentos.
Ellos dos y muchos otros ciudadanos del pueblo en el que murió Paquirri decidieron, a finales de la pasada década, meter sus ahorros en un negocio interesante: el desarrollo de la energía solar fotovoltaica, premiada con altas rentabilidades (se ofrecían retornos superiores al 15% en 2008), con el aval del Estado, con la tranquilidad que da recibir una concesión de explotación a 25 años y, cómo no, con la satisfacción personal que supone luchar contra el cambio climático, evitar emisiones de CO2, crear un proyecto de energía renovable y, además, contribuir al desarrollo de la España rural.
Vamos, una perita en dulce. Entre los vecinos del pueblo se corrió la voz de que se estaban poniendo en marcha pequeños huertos solares de entre 50 y 100 kilovatios. "Profesores de instituto, jubilados, agricultores, pequeñas y medianas empresas de la zona y mucha más gente nos metimos en el negocio. Cada propietario compró una parte, aquello que cada uno pudo o quiso comprar, y se hizo un parque grande, formado por unas 55 plantas, creando un gran huerto solar en Pozoblanco", señala Arévalo en conversación telefónica con Vozpópuli.

martes, 30 de julio de 2013

“Tal y como está redactado, el borrador de autoconsumo es un suicidio energético”.

Juan López de Uralde y Reyes Montiel a las puertas del Ministerio de Industria.
El tiempo se acaba. En unas pocas semanas, en pleno mes de agosto, el borrador de Real Decreto de autoconsumo eléctrico puede convertirse en una realidad. En este momento está en la Comisión Nacional de Energía (CNE) a la espera de su valoración, aunque sus conclusiones no son vinculantes. De hacerse realidad, supondría la muerte absoluta de las energías renovables y la ruina de decenas de miles pequeños propietarios.
Ante esta situación, las plataformas ciudadanas y algún partido político han pisado el acelerador. Es el caso de Equo, partido que ha acudido esta mañana al Ministerio de Industria a entregarle una carta al ministro José Manuel Soria en la que se solicita “que no incluyan en su reglamentación del autoconsumo el cobre de peaje de respaldo a autoproductores de electricidad por el excedente producido, y que reconozcan el balance neto”.
A las puertas del ministerio, los coportavoces federales de Equo, Reyes Montiel y Juan López de Uralde han solicitado que se modifique la redacción actual del borrador “antes de que sea tarde”. “Tal y como está escrito”, ha declarado Uralde”, “es un auténtico suicidio energético”.
El coportavoz ha explicado que el calado de la que se pretende que sea la nueva legislación va mucho más allá de aspectos ecologistas y de criterios de sostenibilidad, “pues afecta a los derechos de los ciudadanos: todos deberíamos tener derecho a producir nuestra propia energía y a poder desenchufarnos de las grandes eléctricas”.
Reyes Montiel ha señalado a UNESA (Asociación Española de la Industria Eléctrica) como la artífice del borrador. “Estas leyes se están haciendo en UNESA, pero lo que realmente nos sorprende es la total impunidad con la que este Gobierno hace a puerta cerrada una legislación en contra de sectores que no harían más que beneficiar a la economía”.
“Uno de los graves problemas que tiene España es que, por lo menos, los grandes partidos están de acuerdo en el modelo energético. Toda esta campaña contra las renovables empezó con Miguel Sebastián como ministro de Industria. Es el final de una historia que empezó el PSOE”, ha asegurado Uralde.

lunes, 29 de julio de 2013

Iberdrola, la compañía que obtiene un beneficio neto de 10 millones de euros cada día.

 Hagamos la cuenta. Por una parte, el primer semestre de 2013 ha constado de 181 días (no todos laborables, pero ciertamente 181). Por otra, Iberdrola ha declarado -en su balance del primer semestre de 2013- un "beneficio neto" de 1.728 millones de euros. ¿Conclusión? La multinacional hispano catarí -su principal accionista es el Fondo Soberano de Catar- ha obtenido un beneficio neto de casi 10 millones de euros cada día de 2013, Año V de la Crisis. Eso sí, se queja de los impuestos. Por cierto, el precio de la electricidad se ha incrementado en España más de un 60% entre 2008 y 2012 (véase CNE, página 124).
Iberdrola acaba de presentar su primer balance semestral del año (de uno de enero a treinta de junio). Según los números contenidos en ese documento, la multinacional que preside José Ignacio Sánchez Galán no solo ha sido capaz de mantener estable su beneficio bruto en este primer semestre del año quinto de la crisis, "al alcanzar la cifra de 4.051 millones de euros", sino que ha logrado un beneficio neto -en estos seis meses- de 1.728 millones de euros, lo que equivale a 9,54 millones de euros... cada día.

La estafa eléctrica.

Hoy día 25 de julio de 2013 a las seis de la tarde me he quedado otra vez sin suministro eléctrico en la oficina. No es la primera vez esta semana: en la tarde del día 23 de julio sufrí tres cortes de luz en dos horas. Por suerte, esta vez, el apagón ha durado solo 20 minutos, pero esa no es la cuestión. Mañana, seguramente, sucederá lo mismo, como viene ocurriendo año tras año en el mes de julio.
El muy deficiente servicio de las compañías eléctricas, convive con los anuncios elogiosos en prensa, con el patrocinio de eventos, con las noticias loando su excelencia y con los anuncios de reparto de dividendos y cotización de sus acciones en la Bolsa. Y encima tenemos que oír el cuento del déficit de tarifa y asumirlo los consumidores.
La cruda realidad es que no han realizado inversión en las líneas desde que se privatizó el servicio en los años noventa del siglo pasado. Llegados a este punto, ¿en qué beneficia al consumidor que sean privadas?— Luis Ojeda Arnal.

sábado, 27 de julio de 2013

La UCE cree que la reforma energética perjudicará al consumo de renovables.

La Unión de Consumidores crea el Observatorio Eléctrico para informar sobre el real decreto
La factura de un suministro esencial, como es el consumo eléctrico en los hogares, está aumentando y muchas familias no podrán hacerse cargo de los próximos recibos por la subida de la potencia de consumo que las compañías eléctricas llevarán a cabo a partir de septiembre (incluso en agosto se podrá observar un aumento del 3,2%), según alertó ayer la la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA), que ha puesto en marcha una campaña sobre consultas y reclamaciones, para servir de cauce de información y formación al ciudadano, y que éste opine sobre la electricidad.
Con el nombre de «Observatorio Eléctrico», la iniciativa fue presentada ayer en la Asociación de la Prensa por Margarita Benítez, coordinadora de la Unión de Consumidores de Málaga, y Miguel A. Ruiz, vicepresidente de la Unión de Consumidores de Andalucía.
Nueva reforma energética.
El 13 de julio se conoció el Real Decreto por el que se hacen modificaciones en el consumo de energía. Mientras que el gasto en electricidad es menor (-22%), el término fijo de la potencia se verá aumentado en un 76,55%.
Esta medida será aplicada a toda aquella vivienda que consuma menos de 1.120 kw. Los hogares con energías renovables pagarán lo mismo que una familia que consuma 1.000 kw al mes. «Hace tiempo se hacían campañas para educar a los ciudadanos con una consciencia medio ambiental. Con esta reforma se pretende desmotivar al ciudadano a acceder a las renovables», aseguró Benitez.
Esta medida surge a partir del déficit tarifario que se alcanzó este 2013 con un valor de 4.500 millones de euros.
El borrador de esta reforma que está en posesión de la Comisión Nacional de Energía (CNE) refleja una serie de medidas que serán aprobadas y entrarán en vigor a partir de septiembre.
Estos cambios que se recogen en el Real Decreto también muestran que se verán afectados los bonos sociales. Solo las familias con una renta mínima que rondará los 29.000 euros en hogares con cuatro miembros podrán acceder a esta ayuda.
«¿A quién beneficia ese bono social? A las eléctricas», aseguró Benítez, ya que con anterioridad el bono recaía sobre el Gobierno, después pasó a ser compartido, y ahora solo lo lleva las eléctricas. Por lo que para que se lleve a cabo será a partir de una subida en el precio. Hasta el momento, los colectivos que podían solicitar ese bono social eran clientes domésticos o familias numerosas.
Según afirmó Miguel A. Ruiz: «En una campaña sobre meteorología a nivel andaluz se obtuvo un dato que decía que el 70% de los ciudadanos desconfía de lo que marca el contador de la luz». Esto se debe a que tras la liberalización de las eléctricas en 2008, las compañías emitían un recibo de consumo estimado (por encima del 20 o 30%) y otra factura real al gasto de los ciudadanos.
Estela González.

viernes, 26 de julio de 2013

'Descuentos' que hinchan tu factura: FACUA destapa en su revista las trampas de las eléctricas,

Los recibos pueden encarecerse hasta un 11%. Comerciales de las compañías ofrecen descuentos que no se ajustan a la realidad o están condicionados a la contratación de servicios adicionales.
FACUA-Consumidores en Acción destapa en su revista Consumerismo las trampas de las ofertas de las compañías eléctricas. 'Descuentos' que hinchan tu factura, alerta la publicación en su reportaje de portada.
Y es que un análisis realizado por FACUA revela que los supuestos descuentos que ofertan las principales compañías en realidad encarecen la factura. Hasta un 11%.
FACUA denuncia la publicidad engañosa del sector y las prácticas fraudulentas en las que incurren sus comerciales, que acuden a los domicilios de los usuarios para ofrecerles descuentos que no se ajustan a la realidad o están condicionados a la contratación de servicios adicionales que hinchan los recibos y el falso compromiso de que las tarifas no subirán en uno o varios años.
La asociación ha efectuado un análisis sobre las ofertas de Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, HC Energía y E.On en enero frente a la Tarifa de Último Recurso (TUR) fijada por el Gobierno a comienzos de año (ver tabla).
Abandonar la TUR es un decisión poco recomendable en el mejor de los casos y un auténtico disparate si se contratan las tarifas más caras, las ofertadas por las tres principales compañías, advierte FACUA.

Contra la reforma del sector eléctrico.

Una vez conocido el texto de la reforma del sector eléctrico presentada por el Gobierno, tras la publicación del Real Decreto-Ley 9/2013 en el BOE, Greenpeace ha podido constatar que esta legislación acaba definitivamente con el sistema de apoyo a las energías renovables que colocó a España como líder mundial en energía limpia y que cada vez más países han copiado o adaptado.
Para Greenpeace, este acto legislativo supone un retroceso histórico, que desmantela definitivamente el sistema de apoyo más eficiente a las energías renovables, perpetuando así un modelo energético basado en el uso de fuentes contaminantes y la dependencia energética exterior durante las próximas décadas. Por ello la organización ecologista pide a los grupos políticos del Congreso que no convaliden el Real Decreto-Ley 9/2013.
"Para complacer a Iberdrola el ministro Soria está cambiando un sistema por otro peor, para lograr que nadie más invierta en energías renovables en este país", ha declarado Julio Barea responsable de Energía de Greenpeace. "No tiene justificación alguna que se suprima de un plumazo el soporte legislativo bajo cuyo amparo decenas de miles de inversores decidieron apostar por las renovables confiando en una seguridad jurídica que ahora se evapora".
Mientras Alemania o Dinamarca están desarrollando sus hojas de ruta hacia sistemas 100% renovables, España camina en la dirección diametralmente opuesta.
Greenpeace considera que esta reforma responde a la hoja de ruta de las grandes compañías eléctricas, encabezadas por Iberdrola, que quieren acabar con la competencia que les hacían las renovables. Además, las eléctricas consiguen eludir la obligación legal que tienen actualmente de financiar el déficit de tarifa, de forma que ahora esa obligación se extiende a todas las demás empresas generadoras, mientras las grandes eléctricas siguen cobrando por sus centrales de ciclo combinados paradas.
Para Greenpeace, el error más grave del texto del Real Decreto-Ley 9/2013 es su ausencia de estrategia al sustentarse en una visión a corto plazo y que aleja a España de poder cumplir objetivos europeos en renovables, emisiones y eficiencia para las próximas décadas. Esta reforma se hace al margen de cualquier planificación energética. La organización ecologista hace hincapié en que mientras países como Alemania o Dinamarca están desarrollando sus hojas de ruta hacia sistemas 100% renovables, España camina en la dirección diametralmente opuesta.
En los primeros meses de 2013, ha bajado el precio de la energía en el mercado. Sin embargo, esto no repercute directamente en el consumidor.

miércoles, 24 de julio de 2013

Iberdrola aprovecha una ley de Montoro para ahorrar 1.500 millones en impuestos.

La eléctrica adelanta 316 millones al pagar un 5% por actualizar su balance
La compañía cubre por sí sola el objetivo global de la norma
La empresa cifra en 260 millones el impacto de la reforma impositiva
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha decidido lanzar un órdago fiscal en sus cuentas del primer semestre. La eléctrica ha adelantado el pago de 316 millones de euros en impuestos a cambio de actualizar activo de su balance por un importe de 6.323 millones de euros. Con ello, genera activos fiscales diferidos que le permitirán ahorrarse en el futuro 1.854 millones, con lo que el efecto neto es de 1.538 millones de rebaja de la factura fiscal.
Iberdrola ha podido realizar esa operación porque el Gobierno del Partido Popular promovió a finales del año pasado una ley de actualización de balances (que tuvo su réplica en las haciendas forales vascas) que permitía actualizar los balances pagando un 5% de la revalorización. A partir de 2015 la amortización de ese mayor valor es fiscalmente deducible al tipo impositivo general (actualmente el 30%). El propósito del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, era adelantar ingresos en vista de los problemas para reducir el déficit público, aun a costa de penalizar fuertemente la recaudación de ejercicios venideros.
La actualización de balances acometida por Iberdrola es tan ambiciosa que la eléctrica cubre por sí sola los objetivos de recaudación que se fijó el Gobierno para todas las empresas españolas, que cifró en 300 millones de euros. "El grupo Iberdrola ha acogido a esta normativa un parte significativa de sus activos situados en España", señala la empresa en sus cuentas anuales resumidas del primer semestre.
La matriz del grupo no utilizó la norma, pero sí lo han hecho varias de sus filiales, que han aprobado esas revalorizaciones en sus juntas de accionistas de finales de junio y han liquidado a Hacienda a principios de julio. Las arcas públicas se encuentran así con unos fuertes ingresos este mes, superiores a los previstos en la norma.

martes, 23 de julio de 2013

El autoconsumo eléctrico será "inviable", según cooperativas de energía verde.

Madrid, 23 jul (EFE).- El autoconsumo eléctrico será "inviable económicamente" si se aprueba la totalidad de la reforma energética que prepara el Gobierno, según varias cooperativas de energía verde reunidas hoy en Madrid para denunciar "los ataques" al modelo energético limpio.
El autoconsumo existente será "penalizado", ha explicado en rueda de prensa la directora general de Ecooo, Cote Romero, porque a todos aquellos que quieran producir y consumir su propia energía se le requerirán una "batería de exigencias" de elevado impacto económico.
Una de estas exigencias será el pago de "peajes de respaldo", que alcanzarán tasas de hasta 9 céntimos kW/hora, cuando el actual precio de la energía es de 15 céntimos kW/ hora, según datos de las organizaciones.
Otra medida será exigir doble contador a los productores individuales, cuyo precio es superior al de la instalación de un panel solar, ha explicado Romero.
Desde la cooperativa EnerPlus han señalado que la reforma planteada es ilógica. "Es como si por producir y consumir mis propios tomates -ni siquiera los comercializo- tuviera que pagar", señalan.
Además, las organizaciones han criticado que esta nueva regulación no mencione el autoconsumo de balance neto, el sistema en el que el productor individual puede verter en la red eléctrica los excesos de energía que genere, y que estos le sean compensados en su posible consumo.
El autoconsumo es una "vía de escape" y competencia para el oligopolio de las grandes compañías eléctricas, han indicado desde la cooperativa Som Energia, y por ello han querido "frenarlo".
La directora de Ecooo también ha señalado que esta reforma pretende expulsar a la ciudadanía de la soberanía energética, frenar las renovables, y seguir apoyando un modelo "sucio y contaminante" basado en los intereses de las eléctricas.
Los ciudadanos, al igual que las renovables, serán los perjudicados de esta reforma porque, además de estas limitaciones en el autoconsumo, serán penalizados en la factura de la luz al aumentar la cantidad fija que se paga por el término de potencia, según Romero.
Las organizaciones han indicado que "responderán con desobediencia" y ya han acudido a la Comisión Europea, porque esta reforma "es contraria" a varias directivas comunitarias que fomentan la implantación de las renovables.
En esta rueda de prensa han participado cooperativas de energía verde (Som Energia, Zencer, Goiener, Enerplus), empresas sociales que fomentan las inversiones limpias (Viure de l'aire, Ecooo) y la Fundación Terra. EFE

Telecos, banca y eléctricas, los sectores más denunciados por los andaluces en el primer semestre de 2013 según Facua.

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (Facua) ha comunicado que las empresas de telecomunicaciones, la banca y las eléctricas son los sectores más denunciados por los consumidores andaluces entre enero y junio de este año. Facua además ha lamentado en ese sentido que "ni las autoridades competentes del Gobierno central ni la Secretaría General de Consumo de la Junta de Andalucía actúen con contundencia contra las empresas que vulneran la legislación". Según una nota de Facua, las compañías de telecomunicaciones mantienen su "histórica primera posición", con el 30,9 por ciento de las denuncias, la banca ha experimentado "un espectacular incremento que la sitúa a menos de un punto de aquéllas", con el 30,1 por ciento. En tercer lugar se coloca el sector energético, donde las irregularidades en materia eléctrica han generado el 7,8 por ciento de las reclamaciones. Las ocho asociaciones provinciales integradas en Facua han tramitado durante el primer semestre de 2013 un total de 8.670 consultas y reclamaciones en sus oficinas, de las cuales 6.154 ha sido de los consumidores, mientras que 2.516 reclamaciones han partido de sus equipos jurídicos en defensa de sus socios.
Las telecos repiten de nuevo como las más denunciadas El balance semestral '¿Qué denuncian los consumidores andaluces?' refleja que el 30,9 por ciento ha ido contra las compañías que prestan servicios de telefonía, internet y televisión, situándose una vez más a la cabeza de las denuncias. Por otro lado, pese al aumento de denuncias contra la banca, las telecomunicaciones sólo han bajado seis puntos con respecto al balance de todo el 2012, cuando provocaron el 36,3 por ciento.
En el sector de las telecomunicaciones, los principales motivos de las denuncias de los usuarios son "incumplimientos de ofertas comerciales, envíos de facturas después de que los usuarios hubieran solicitado la baja o amenazas con penalizaciones abusivas por anular contratos antes de finalizar los compromisos de permanencia, junto al cobro de llamadas no realizadas o el alta en servicios de mensajes no solicitados o publicitados de forma fraudulenta". La banca casi iguala a las telecos después de una década El sector bancaria "casi iguala a las telecos por primera vez desde 2002, cuando cerraron las academias de inglés Opening y cuatro entidades siguieron exigiendo a los cerca de 90.000 afectados el pago de los créditos que financiaban los cursos". El principal motivo del incremento de las reclamaciones contra el sector bancario "es el fraude de las cláusulas suelo, seguido de las participaciones preferentes y el aumento del cobro de comisiones de forma abusiva". De esta forma, el porcentaje de denuncias contra la banca duplica el del balance de Facua en Andalucía correspondiente al año 2012, cuando se situó en el 14,9 por ciento. En el año 2011 fue del 7,9 por ciento. Las eléctricas siguen avanzando Las compañías de electricidad y gas han alcanzado el 7,8 por ciento y consolidan la tercera posición que ya ocuparon en el último balance anual con el 8,0 por ciento. Los fraudes en las ofertas de electricidad en el mercado libre continúan creciendo, "mediante campañas publicitarias engañosas y visitas de comerciales a puerta fria, las grandes eléctricas anuncian descuentos que en realidad hinchan las facturas de los usuarios".
Por otro lado, continúan las quejas "fruto de errores en las lecturas de los contadores o por no haberse producido durante largos periodos, aplicando posteriormente facturas desproporcionadas". Aseguradoras y garantías El cuarto lugar en el balance de reclamaciones lo ocupan las aseguradoras con el 6,4 por ciento, frente al 6,7 por ciento de 2012, por la negativa a abonar las cantidades o cubrir los servicios establecidos en los contratos. Finalmente, en la quinta posición se coloca la compra y reparación de electrodomésticos y equipos electrónicos con el 4,4 por ciento, el año pasado provocó el 4,9 por ciento. Los principales motivos son la negativa a asumir las garantías legales o grandes retrasos en la reparación de productos defectuosos. Facua ha recordado que las vías para la atención al consumidor por parte de la fundación son el número de teléfono 954 90 90 90, y el portal de Internet 'facua.org'.

Reforma eléctrica: Los hogares y las compañías de renovables serán las más afectadas.


El objetivo de eliminar el déficit de tarifa ha llevado al Gobierno a acometer la mayor reforma del sistema energético español. La reforma afectará a las empresas de energías renovables que no percibirán tantos ingresos y a los hogares que deberán pagar hasta un 25% más de luz.
La reforma del sistema eléctrico español tenía como objetivo repartir el esfuerzo económico que suponía eliminar el déficit de tarifa aprobado por el ex-ministro de economía Rodrigo Rato. El texto es un intento de distribuir el coste entre consumidores y compañías eléctricas a través del recibo de la luz y el Presupuesto General del Estado.
Sin embargo no parece que esta meta se haya reflejado sobre la normativa. Las empresas eléctricas sufrirán una bajada en sus ingresos pero serán los hogares y las pequeñas y medianas empresas quienes costearán el groso del déficit de tarifa. La parte fija del recibo de la luz aumentará hasta en un 77% lo que supone sólo la mitad del total de la factura de la luz.
Además, la reforma del sector eléctrico afectará también al autoconsumo instantáneo. Éste consiste en la producción y consumo inmediato de la misma. El Gobierno se ha planteado promover el autoconsumo y quiere imponerlo de manera paulatina en el sistema eléctrico nacional. Para ello usará las tasas y los peajes en concordancia a la evolución del sector.
Países como EEUU o Japón son líderes en la independencia energética. Usan diferentes métodos de captación de energía a fin de conseguir la autosuficiencia. Las renovables son el camino preferido por estos países. Permite producir energía dando un respiro al medioambiente y a la factura de la luz.
Otra posibilidad es la cesión al sistema de la energía sobrante producida. Esta energía puede recuperarse en cualquier momento o venderla, actividad conocida como autoconsumo de balance neto. Sin embargo, con la nueva reforma del sector eléctrico dejará de remunerarse la energía sobrante transferida a la red.
Hasta hace unos años no se podía producir energía por iniciativa privada debido a que no era rentable, pero los paneles fotovoltaicos han ido abaratando su coeste hasta en un 80%. Ello, junto al incremento del precio de la energía han hecho del autoconsumo una opción más que plausible que permite ahorrar en época de crisis.
No existe un registro de los usuarios que han optado por esta modalidad de provisión energética. Se calcula que en España no sean mayo de una centena.
Confirman así las compañías de energía renovable el empeoramiento de sus perspectivas derivado de esta nueva reforma. Analistas bursátiles de Bloomberg recomiendan que no se invierta en títulos de este tipo de negocio en el corto plazo en España. Acciona es una de las compañías más afectadas como afirma el informe publicado por el Bank Of America Merrill Lynch en el que explicaba que existía una situación de turbulencia a consecuencia del nuevo texto.
La empresa de renovables, Acciona, se ha visto perjudicada en el IBEX 35 y ha visto cómo su cotización ha bajado más de un 8% en los últimos cinco días, hasta los 34,4 euros por acción por lo que algunas firmas dedicadas al análisis del mercado bursátil han considerado que deben rebajar el precio objetivo un 10%.

Otro gol de las eléctricas: el autoconsumo fulminado.

La lectura de un libro muy recomendable: “La Energía de lo Pequeño”, de Pau Solanilla y Alvaro Ponce, me ha inspirado para escribir este artículo en el momento que se está conociendo los planes del ejecutivo respecto al autoconsumo eléctrico y el balance neto de los hogares.
Este texto hace una descripción maravillosa del potencial de nuestros pueblos y ciudades para reconvertirse en ciudades y pueblos inteligentes. Estas “Smart Cities” nos ofrecen nuevas aproximaciones y oportunidades a través de la gestión racional y más sostenible de la energía, lo que a su vez abre una gran oportunidad de empleo, algo curiosamente despreciado y ninguneado por los negacionistas que habitan en el gobierno, asesorados y financiados en la sombra por el gran lobby eléctrico.
El desarrollo de ciudades inteligentes pasa por facilitar la participación de todos los agentes en mejorar y aumentar la calidad de vida de las urbes.
Un ejemplo de ciudad verde y sostenible es Vitoria, nombrada capital verde europea en 2012. Esta ciudad ofrece al ciudadano ventajas concretas, como transporte público ecológico, edificios eficientes, políticas de ahorro y eficiencia energética, proyectos sociales integradores, etc., lo que redunda en una mayor calidad de vida, algo peligroso para los desarrollistas que sostienen a este gobierno, y también al anterior. No hay que olvidar que quien comienza e inicia el gran golpe a las renovables en España es el ejecutivo de Rodríguez Zapatero.
Vitoria es un ejemplo de ciudad sostenible, donde todos los sistemas de transporte, generación de energía y políticas de ahorro se han conjurado para obtener el premio.
La clave para este cambio de paradigma es constituir comunidades y ciudadanos activos y no pasivos. Es decir, los actores principales dejan de ser meros consumidores y espectadores para convertirse en actores y productores de información, de productos, de medios, y también de energía. Las nuevas tecnologías habilitan ya la posibilidad de que los hogares dejen de ser derrochadores de energía al servicio de las grandes compañías y pasen a ser ahorradores y productores de energía limpia que les permita consumir solo en función de sus necesidades. Y además, en muchos países, se permite a un coste razonable incluso vender su propia energía al sistema o en su defecto volcada a la red.

lunes, 22 de julio de 2013

Europa quiere Energías Renovables; España las castiga.

Al actual Gobierno de España no le gusta las Energías Renovables. Ha quedado confirmado en el Consejo de Ministros de este viernes 12 de junio.
El miedo de todos los políticos de la Democracia de España ha sido y sigue siendo la Energía y su consumo. Así de contundente comienza el artículo del Presidente de ASECE, que fué publicado por los 6 principales medios de prensa nacional en febrero 2013.
El Consejo de Ministros de este viernes 12 lo ha ratificado. Hay que seguir consumiendo la energía más cara de Europa, pero de origen fosil; es decir contaminantes, tales como el Petróleo, Gas y Carbón.
Mientras que Europa apuesta fuerte por las Energías Renovables, España las castiga. Recordemos que en el año 2008 España fue pionera a nivel mundial en el cambio de modelo energético, principalmente fotovoltáico, con más de 2.500 MW instalados.
La lucha contra el cambio climático y la reducción de emisiones contaminantes al medio ambiente parece ser que no es de preocupación del actual gobierno de España. Sin embargo Europa nos observa, y detenidamente. Ya tuvimos serios problemas a primeros del 2012 con la trasposición de la Directiva Europea 2010/31/UE por la cual se establece el mecanismo para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, donde España fué denunciada ante el Tribunal Europeo de justicia.
Ahora comprobamos que, recorte tras recorte, la industria energética de origen renovable; eólica, geotérmica, hidroeléctrica, maremotriz, undimotriz, biomasa, biocombustibles, fotovoltáica, ha perdido toda esperanza de continuar avanzando al futuro. O quizás no, pues hay que esperar a conocer la reacción de la Comisión Europea de Energía, encabezada por el político aleman Günther Oettinger quien es el encargado de articular y promover una política energética común para la Unión Europea y sus Estados miembros, incluyendo a España, evidentemente. Además, su Director General Phillp Lowe es también un gran defensor de la energía renovable, por lo que  todavía no hay que perder la esperanza de que pudiera cambiar el rumbo que se pretende ahora imponer con este nuevo marco legislativo que se ha conocido en este consejo de ministros.

domingo, 21 de julio de 2013

La nueva estafa del sector eléctrico de España: cobrar al que genera su electricidad.

     La estafa del suministro eléctrico en España

El Gobierno de España ha confeccionado un borrador de Decreto a la medida de las compañías eléctricas: imponer una tasa llamada peaje de respaldo que permitirá cobrar a los que generan su propia electricidad. Esta tasa provocará que generar tu energía sea un 27% más caro que consumir la de las compañías eléctricas.
En España uno tiene la sensación de vivir, prácticamente, a merced del oligopolio de las compañías eléctricas y la complicidad del Gobierno de turno (independientemente del partido político que esté en el poder). Desde que se comenzó a liberalizar el mercado en el año 1997 para adaptarnos al marco europeo, un proceso que debió ser similar al de la liberalización de las telecomunicaciones, el usuario ha visto como cada vez paga más por su factura de la luz y la legislación aumenta constantemente el precio del suministro a la vez que se van añadiendo tasas "compensatorias" que también abona el usuario final. Si como alternativa a la escalada de costes, muchos usuarios habían optado por auto-generar su propia electricidad gracias a las energías renovables, el Gobierno de España penalizará a estos usuarios imponiéndoles una tasa, llamada peaje de respaldo, para compensar a las eléctricas por el negocio que están perdiendo.
Si tenemos en cuenta que España es uno de los países de la Unión Europea con más horas de sol, no es descabellado pensar que la energía solar sea una de nuestras fuentes de energía; una apuesta por la generación de energías limpias frente a alternativas como las centrales térmicas o las centrales nucleares (España dispone de 6). Sin embargo, en España siempre se ha dado la paradoja de su alta dependencia del carbón y, por tanto, de las centrales térmicas así como la importación de fuentes energéticas extranjeras en vez de apostar fuertemente por las energías limpias.

¿Vulnera la reforma energética la normativa europea de renovables?

La Asociación Empresarial Eólica (AEE), APPA Eólica y la Asociación Europea de Energía Eólica (EWEA) se reunieron el lunes pasado con representantes de los Servicios Jurídicos de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea para informarles sobre los pormenores legales de las medidas tomadas por el Gobierno este año en materia de energía eólica y preguntarles si la reforma energética vulnera la Directiva de Energías Renovables u otros preceptos legales comunitarios.
¿Vulnera la reforma energética la normativa europea de renovables?
Las asociaciones pusieron el acento en tres aspectos: la retroactividad de las medidas, la discriminación a la eólica y la arbitrariedad con la que se ha fijado el criterio de rentabilidad razonable.
AEE informa en su blog “somos eólicos” de que tras la reunión mantenida por las tres asociaciones en junio con el comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, éste mostró su preocupación por la falta de diálogo con el Gobierno y por el impacto en el sector de las medidas regulatorias y su retroactividad, aunque entonces aún no se conocía el contenido de la reforma energética, pero sí el del Real Decreto Ley-2/2013. El comisario pidió al sector que le enviase los datos sobre el impacto económico de esas medidas y aseguró que su misión es velar por el cumplimiento de las directivas europeas, incluida la de Energías Renovables.
El encuentro del lunes fue continuación del celebrado con Oettinger, y las tres asociaciones tuvieron ocasión de explicar tanto el impacto del impuesto del 7% sobre la generación eléctrica y del Real Decreto-Ley 2/2013 aplicado con efectos retroactivos –que, según AEE, han tenido como consecuencia la pérdida de 25 empleos eólicos al día y el cierre de nueve fábricas,  además de una merma de ingresos de 255 millones para el sector sólo en el primer semestre–, como el desarrollo normativo de la reforma energética conocida el pasado viernes.
AEE añade que los Servicios Jurídicos mostraron su preocupación por el hecho de que el Real Decreto-Ley 9/2013, por el que se elimina el sistema de primas y se establece un complemento a la inversión basado en un criterio arbitrario sobre la rentabilidad razonable para toda la vida útil de una instalación, sea retroactivo y discriminatorio, ya que, en el caso de la eólica, afectará a las instalaciones en funcionamiento. ¡De esta manera –dice la asociación– se ignora el riesgo que asumieron los inversores al apostar por la eólica hace unos años, por lo que se penaliza la apuesta por la innovación que impulsa la normativa comunitaria”.
Un portavoz de la Comisión Europea anunció el lunes que vigilará si la reforma energética aprobada por el Gobierno español plantea "riesgos regulatorios" a la inversión en energías renovables, no solo en España, sino en el conjunto de la Unión Europea.

La plantilla de las eléctricas se ha reducido un 10,39% desde 2007.

La plantilla de las principales compañías eléctricas que operan en España (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.On y EDP) se ha reducido en un 10,39% en los últimos cinco años.
En 2007, estas compañías empleaban a un total de 162.205 trabajadores, mientras que cinco años después la plantilla de las eléctricas se redujo hasta los 145.341 empleados, según datos recogidos por Servimedia de las propias empresas.
Todas las compañías presentan pérdidas de puestos de trabajo en sus cómputos globales a excepción de Iberdrola, que sube un 19,6%, y la portuguesa EDP, que asciende un 3,1%.
En el caso de Endesa, la eléctrica que preside Borja Prado empleaba en 2007 a 27.019 personas y cerró el ejercicio con 2.675 millones de beneficio. En 2012, la compañía redujo su plantilla hasta los 22.995 trabajadores (-14,8%) y su beneficio cayó hasta los 2.034 millones (-23,9%).
Por su parte, la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán cerró 2012 con 31.338 trabajadores, lo que supone un 19,6% más, ya que en 2007 empleaba a 26.196 trabajadores. Su beneficio neto en 2007 fue 2.353,73 millones de euros, cifra que ascendió hasta 2.841 millones (+19,59%) en 2012.

sábado, 20 de julio de 2013

Industria gravará con un peaje la producción casera de electricidad.

La tasa es un 27% más cara que la que se abona por comprar a las compañías eléctricas.
Los ajustes asfixian a 30.000 familias con huertos solares.
El Gobierno tiene la determinación de que el autoconsumo energético —producir tu propia energía mediante paneles fotovoltaicos o minieólicos y consumirla en el momento—, se implante de forma muy controlada y sin perder de vista “la compleja situación económica” que afecta al sector eléctrico. El borrador del decreto de autoconsumo —esperado como agua de mayo por numerosos consumidores para ver si se podían ahorrar unos euros en su factura— ha incluido un peaje, denominado “de respaldo”, que, de momento, sube la tarifa de quienes lo utilizan.
El decreto sobre autoconsumo ha llegado con más de un año de retraso. El Ministerio de Industria lo remitió el jueves a la Comisión Nacional de Energía, que tiene 15 días para emitir un informe que será oído, aunque no sea vinculante.

viernes, 19 de julio de 2013

El término fijo de la factura de la luz sube un 36% y baja el de consumo.

La orden de peajes de acceso que ha sido remitida a la CNE y que se aprobará un día no determinado de agosto, incluye un aumento del término de potencia (el fijo de la factura de la luz) para compensar la caída de ingresos del sistema como consecuencia del derrumbe de la demanda. En este sentido, la norma cambia “la ponderación de la facturación de los términos de potencia y energía activa resultante de aplicar las nuevas tarifas”. De esta manera, se da mayor peso al término fijo, que sube un 36%, en tanto cae un 40% el de consumo.
 Con este cambio de ponderaciones, el Gobierno pretende compensar la factura del consumidor doméstico medio frente a las segundas vivienda. Que baje el término de energía fomentará el consumo, según fuentes del sector.
La tarifa también da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2013 por la que se anula la orden de tarifas de septiembre de 2013 donde se fija un precio del alquiler de los contadores que, según el Alto Tribunal, no está motivado.Algo que hace la orden de peajes con  un informe de la CNE. En definitiva, los precios para los contadores electrónicos monofásicos con discriminación horaria y posibilidad de telegestión para domésticos será de 81 céntimos al mes;los trifásicos, 1,15 euros al mes. No se actualizan, señala Industria, porque el precio de los equipos y la tecnología ha bajado y no cabe incluir en ellos el precio de Plan de Sustitución de Contadores porque este está inlcuido en la retribución de la distribución.
Entre los ingresos de los peajes vuelve a figurar el bono social: 104 millones de euros que, según el RDL de medidas urgentes tendrán que pagar de nuevo las cinco grandes eléctricas.
Menos recaudación
Por otra parte, la recaudación prevista por el Gobierno por los impuestos a la energía que entraron en vigor el 1 de enero (el más relevante, el 7% a los ingresos por la venta de cualquier tipo de generación eléctrica) ha pasado de los 2.921 millones de euros iniciales a 2.647 millones, según un borrador de la orden de tarifas de acceso.
La orden fija ya el precio del alquiler de los contadores en 1,15 euros al mes
 Tampoco los ingresos por derechos de CO2 que se destinarán a sufragar costes de la tarifa alcanzarán los 450 millones que el Ministerio de Industria estimó a principios de año, sino apenas 150 millones por el derrumbe de los precios del mercado de emisiones. Este desfase, unido a que los Presupuestos del Estado no financiarán el 100% de los incentivos de los sistemas extrapeninsulares que marcaba la ley (1.800 millones de euros), sino solo la mitad (900 millones), han obligado al ministerio a proponer una revisión de los peajes de acceso, que se saldarán con una subida media del 6,6% en agosto.

jueves, 18 de julio de 2013

¿Qué es el déficit tarifario?

Definir y explicar el concepto de déficit tarifario tiene al menos componentes paradójicos. El déficit tarifario eléctrico es la diferencia existente entre el coste del suministro eléctrico y la tarifa eléctrica, esto es, el precio de la electricidad. Como un rudimento básico, el coste del suministro está formado por lo que es el precio de la energía y por los costes regulados. El precio de la energía se determina en el mercado de generación, mientras que los costes regulados dependen de decisiones administrativas o ‘políticas’, y en estos se incluye lo que es la retribución del transporte, la distribución, las primas a las renovables, la retribución de los sistemas extrapenínsulares, el sobrecoste del decreto del carbón, el pago del déficit tarifario vencido y su devolución, entre otros.
La razón de que la tarifa sea, por tanto, insuficiente para su cobertura proviene de que, desde el punto de vista político, se asume que el precio de la electricidad es un precio regulado, de forma que puede ser insuficiente el precio final de lo que son los costes que lo forman. El precio de la electricidad es uno de los últimos precios intervenidos por la Administración y de ahí que se forme una considerable polémica cada vez que se produce su revisión trimestral. Otras fuentes energéticas, como los hidrocarburos o incluso el gas, no se encuentran perseguidos por la carga emocional y política de los precios de la electricidad.
El déficit tarifario tiene una doble naturaleza. Por un lado, se trata de un stock de deuda que se va engrosando en la medida en que esta diferencia tarifaria no se nivela. Y luego, por otra parte, está el déficit corriente, el nuevo déficit, que se va generando en cada una de las revisiones tarifarias. En estos términos, las cifras son de escándalo, de forma que estaríamos al borde de los 24.000 millones de euros acumulados, con independencia de su financiación, de sus componentes, propios o impropios, o de la evolución de esos mismos componentes, todas ellas cuestiones que veremos en artículos sucesivos en forma de piezas sencillas y didácticas.
Para el año 2011, este déficit se cifra en casi 3.500 millones de euros (todavía pendientes de la liquidación de la CNE) y las medidas de principio de ejercicio en materia tarifaria tomadas por este ejecutivo (congelar la tarifa sin compensar el crecimiento de la parte regulada mirando hacia otro lado respecto de la sentencia del Tribunal Supremo), nos llevará a superar con creces los 1.500 millones previstos de deuda para 2012. Algo que ha incendiado este proceso es la incapacidad continuada para cumplir los programas de extinción de déficit que aprueba en sucesivos decretos el Ejecutivo (y no olvidemos que requeridos por la Unión Europea para facilitar su calificación financiera) y las dificultades de financiación existentes en la economía.
Dada la naturaleza “política” de este déficit, hay quienes reivindican soluciones “políticas” poco sofisticadas al mismo. Así se escuchan alternativas simplificadas, como la denominada “quita” para el déficit acumulado o imposición tributaria por tecnologías para el futuro, sobre todo para dulcificar las subidas tarifarias o para evitar el impacto presupuestario en la contabilidad pública de sacar los costes impropios de la tarifa eléctrica.
El déficit tiene varias características que lo hacen muy peculiar. La primera y principal es el hecho de que esta deuda proviene del consumo realizado por los clientes/usuarios ‘a tarifa’. Quiere decirse que esta deuda se forma por un consumo corriente. Imagínese que usted se endeuda no para comprar el coche, sino para pagar la gasolina. Evidentemente, es algo poco sensato, y gestionar los precios de la energía así, durante mucho tiempo, era fácil y liberador por el hecho de mirar hacia otro lado. Hoy es vivir montados en el tigre.

miércoles, 17 de julio de 2013

Trece de las catorce últimas subastas eléctricas han perjudicado al usuario.



AUTOR
A. M. Vélez
Sólo una de las pujas, la del tercer trimestre de 2011, ha marcado un precio del MW inferior al que luego ha fijado el mercado diario. La desviación al alza ronda el 15%. La CNE critica los nuevos recargos por consumo excesivo.
Las subastas de energía para el suministro eléctrico de último recurso (Cesur), de las que desde julio de 2009 depende la tarifa TUR que se fija cada trimestre y que pagan más de 20 millones de consumidores (en su gran mayoría, domésticos), se han revelado como un buen negocio para sus participantes (eléctricas, bancos y fondos de inversión) y no tanto para los usuarios. Si se compara el precio marcado en cada una de esas subastas para la energía de base (la principal referencia, al ser el producto más demandado) con lo que luego han pagado las comercializadoras de último recurso (las cinco mayores eléctricas) en el mercado diario (el denominado pool eléctrico), el balance está claro: tras catorce subastas, en sólo una, la del tercer trimestre de 2011, el precio de la Cesur ha sido inferior al que después ha arrojado el pool.
En el resto, el precio ha sido superior, con una desviación media de precios al alza de en torno al 15%, lo que implica que el consumidor doméstico ha salido perdiendo en trece de las catorce ediciones de la Cesur celebradas desde mediados de 2009. También en la que tuvo lugar en septiembre pasado, a pesar de que determinó una bajada del recibo de la luz del 2%, que se quedó en nada debido a la refacturación de los peajes (la otra parte del recibo) forzada por el Tribunal Supremo. El producto de base en esa subasta se adjudicó en 49,25 euros por megavatio hora (MWh), por encima de los cerca de 44 euros por MWh que luego marcó el pool.

La reforma eléctrica disparará el precio de la luz más del 20% y no un 3,2% como dice Industria.

La reforma eléctrica esconde una subida de la luz de más del 20%, frente al 3,2% anunciado por Industria. La orden de peajes es demoledora: fija un alza del 77% en el término de potencia, que representa la mitad del recibo, lo que elevará la factura media de un hogar de los 100 euros actuales a unos 127 euros.El objetivo del Gobierno a la hora de diseñar la reforma eléctrica era repartir los esfuerzos para eliminar el déficit de tarifa entre las compañías eléctricas y los consumidores (a través del recibo y además a través de los Presupuestos Generales del Estado). Pero cuando se entra a analizar en detalle la batería de Reales Decretos y órdenes para la aplicación de la reforma aprobada en el pasado Consejo de Ministros, se descubren sorpresas desagradables que van a dañar aún más las maltrechas economías familiares.
Las eléctricas sufrirán un recorte de ingresos, pero serán los hogares y las pequeñas y medianas empresas los que sufrirán de lleno en sus facturas la lucha contra el dichoso déficit de tarifa.
Y es que según la orden de “peajes de acceso de energía eléctrica” enviada el pasado lunes por el Ministerio de Industria a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), el coste de la parte fija del recibo de la luz, la que se conoce bajo al partida de término de potencia y en la que se incluyen los peajes a la distribución y el transporte y las primas a las renovables, se disparará hasta un 77% frente a los costes actuales.
Y ese término de potencia representa nada más y nada menos que en torno al 50% del precio total del recibo que cada dos meses pagan hogares y pequeñas y medianas empresas.
Según los cálculos realizados por varios técnicos y expertos que han analizado la orden ministerial y que han sido consultados por Vozpópuli, hasta ahora, sólo una parte del coste de los peajes que cobran las eléctricas por transportar (REE) y distribuir (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, esencialmente) la electricidad se cargaba al término de potencia, a ese coste fijo y regulado que junto al variable (el precio de la energía que se obtiene de las subastas en el mercado libre) conforman el recibo de la luz.

martes, 16 de julio de 2013

Aumentan las quejas por los servicios de luz, gas y agua

No está la vida para pagar de más, sobre todo en los gastos imprescindibles de cualquier familia murciana, como la luz, el agua o el gas. Por eso, la Dirección General de Industria, Energía y Minas lleva a cabo inspecciones del servicio que ofrecen las diferentes empresas de suministros, con el fin de que la facturación al consumidor sea siempre la correcta. Estas inspecciones se inician, en la mayoría de los casos, a partir de las denuncias de los particulares, que pueden tramitar las reclamaciones a través de la ventanilla única de los organismos de la Comunidad, del teléfono de atención al ciudadano 012 o de la página de Internet www.carm.es con el DNI electrónico o el certificado digital.
BALANCE DE 2011
1.503 expedientes se tramitaron para garantizar la calidad del suministro de servicios públicos.
4% de las inspecciones terminaron en sanciones a empresas o a usuarios por irregularidades.
6% terminó con una resolución oficial que imponía a las partes la solución al problema.
8% se solucionó con un acuerdo.
27% de las actuaciones necesitaron la intervención con actas e informes de los técnicos.
El consejero de Universidades, Empresa e Investigación resaltó ayer uno de los aspectos relacionados con las reclamaciones, que tiene que ver con la liberalización del sector energético. «Se han creado compañías con actividades complementarias pero separadas, como son las empresas distribuidoras por un lado y las comercializadoras por otro, aunque bajo marcas comerciales comunes, lo que ha contribuido a aumentar la confusión entre los consumidores de gas y electricidad, así como el desconocimiento de cuáles son sus derechos», explicó José Ballesta. En los próximos meses, la Consejería pondrá en marcha un espacio en su web para ofrecer toda la información relacionada con estos servicios, para identificar los tipos de empresas que existen y su función, y orientar al usuario sobre las clases de contratos o los apartados de las facturas.
Ballesta hizo balance de las inspecciones realizadas durante el año pasado y señaló que el 18% de las quejas de los usuarios estuvieron relacionadas con la verificación de contadores, para comprobar que medían el consumo correctamente; el 5% correspondían a mediciones eléctricas y análisis de redes; y el 23% eran sobre la calidad del servicio y la tarificación. Además se recibieron reclamaciones relacionadas con la facturación de los servicios, con una inadecuada atención al cliente, o con la calidad y continuidad del suministro eléctrico, como la existencia de niveles de tensión inadecuados en zonas rurales o dispersas, o cortes provocados por incidentes en la red de distribución.
En 2011, los técnicos de Industria efectuaron un total de 1.503 controles, mil de ellos a instancias de los propios consumidores y el resto de oficio. La mayoría de los expedientes tenían que ver con el suministro eléctrico (899), el servicio de gas (238) y, por último, el agua (57). Los 342 casos restantes estaban relacionados con otros servicios de inspección, como los que se hacen sobre aparatos radiactivos de instalaciones médicas o aquellos de la industria minera. El 4% de los expedientes tramitados, es decir 60, se tradujeron en sanciones a los usuarios o a las empresas. Un 18% de las actuaciones quedaron resueltas por gestiones ordinarias; el 8% se solucionó con un acuerdo entre las partes; un 27% necesitó la intervención con actas e informes de los técnicos, y un 6% se resolvió «por una resolución de la Dirección General que imponía a las partes la solución a esa discrepancia que podían tener», según Ballesta.
El consejero indicó que cualquier ciudadano que crea que su consumo en alguno de estos suministros no se corresponde con lo que se refleja en sus facturas, puede solicitar que se verifique el correcto funcionamiento de sus contadores. Una vez revisados, «si contabiliza de más, la empresa tiene que abonar la diferencia al cliente, mientras que si contabiliza de menos, la compañía facturará al consumidor la diferencia».
El director general de Industria, Energía y Minas puntualizó que «está habiendo un cierto aumento de las reclamaciones porque hay una mayor sensibilización por el incremento del coste de la energía y por la modificación de las compañías». Pedro Jiménez añadió que «en el espacio de un mes se puede dar respuesta a esas quejas, aunque siempre depende de la problemática concreta que presente cada caso».
Contadores electrónicos
Jiménez hizo referencia además a la implantación de los contadores electrónicos, que deberá estar finalizada el 31 de diciembre de 2018 y que ha comenzado en la zona de Cartagena, San Pedro del Pinatar y San Javier. «Se trata de redes inteligentes que podrán comparar las ofertas de las distintas compañías de suministros y que tendrán mejor información. Son más fiables», concluyó.

Susto o muerte

Si esta reforma energética es, como dicen en el Gobierno, imprescindible para “equilibrar definitivamente el sistema eléctrico”, ¿de quién fue el error que ha llevado a estos desequilibrios?, se pregunta Jorge González Cortes, director comercial y de marketing de la comercializadora de energía renovable Gesternova.
Susto o muerte
Por fin, después de tanto tiempo esperando el alumbramiento, ha llegado la madre de todas las reformas del sector eléctrico. En otras palabras, otra paliza para las renovables. Desconozco la sesuda fórmula que los sesudos señores del Ministerio han desarrollado, seguro que esa es la razón por la que la reforma ha sido sietemesina, para determinar que la rentabilidad razonable para un generador de renovables es del 7,5% !y revisable! Por supuesto que la revisión no será al alza, por lo que deberían llamarla "empeorable". ¿No van a parar hasta dejarla a cero?.

¿Quién tiene la culpa del déficit de tarifa?

Antonio Barrero F.Martes.
La reforma del sistema eléctrico que ha emprendido el gobierno ha sido recibida con satisfacción, cuando no arrobo, por los editoriales de los principales medios escritos del kiosco nacional. "Un ajuste duro, pero necesario", decía este fin de semana El Economista. "El PP ha tenido que arremangarse -una vez más- para solventar la ruinosa herencia eléctrica dejada por el PSOE, y todo apunta a que esta reforma logrará su objetivo", clamaba exultante, con un cierto tono épico, el editorialista de ABC.
¿Quién tiene la culpa del déficit de tarifa?
El discurso oficial, el que acuñara el hoy exministro Miguel Sebastián, el que ha reproducido hasta la saciedad el vigente Soria, el discurso de "las renovables son las culpables del déficit de tarifa", ha sido imprimido hasta el éxtasis este fin de semana -continúa siéndolo hoy- en todas las secciones de Economía del kiosco nacional. Emblemático es El País, en su editorial, el sábado pasado: "el gobierno presentó ayer una reforma eléctrica, orientada a reducir el déficit de tarifa (superior ya a los 26.000 millones), que, en términos generales y a falta de detalles, es más atrevida de lo que cabría esperar, dados los precedentes de gestión de Industria. La pieza fundamental que avala esa buena impresión -continúa El País- es el nuevo sistema de retribución de la distribución, el transporte y las energías renovables, actividades claramente sobrerretribuidas en el modelo actual y que contribuían de forma importante al citado déficit". En fin, reforma "atrevida" que incluye un nuevo sistema de retribución para las renovables, que están "claramente sobreretribuidas". Sí, el discurso oficial de los gemelos Sebastián y Soria ha calado hasta los tuétanos del kiosco nacional. Y, aunque los números desmienten las sandeces, el pío pío no cesa de ser reproducido en las páginas de todos los periódicos.
Las renovables no tienen la culpa del déficit de tarifa.
Y no la tienen, por mucho que regurgiten su mantra, todos los días, los voceros de Unesa y la derecha política-mediática española, ora representada por El País, ora por ABC. La culpa del déficit de tarifa la tiene el regulador que inventó ese engendro, una caja de Pandora en la que caben miles de millones de euros en subvenciones a fondo perdido para el gas natural (más de 2.500 millones de euros solo en los últimos cinco años en concepto de pagos por capacidad), caja en la que caben miles de millones de euros en primas para la cogeneración con carbón, fuel-gasóil, gas de refinería y gas natural (más de 5.000 millones de euros en este último quinquenio), caja de Pandora en la que caben miles de millones de euros para retribuir kilovatios extrapeninsulares de gasóleo, fuelóleo, diésel y otros combustibles fósiles (más de 7.000 millones de euros en los últimos cinco años), caja en la que caben miles de millones de euros -subvenciones enmascaradas- regalados en concepto de "interrumpibilidad" a multinacionales como Arcelor Mittal o Atlantic Copper (más de 2.000 millones de euros en ese mismo período), cajón en el que cupieron miles de millones de euros para las nucleares en concepto de CTCs, Costes de Transición a la Competencia (más de 10.000 millones) y etcétera, etcétera, etc.
El regulador regula.

¡Qué listillos los contadores inteligentes!

Ana MarcoViernes
A veces parece que hay un clamor, o al menos un ruido de fondo constante, para que las distribuidoras eléctricas, encargadas de la medida, instalen de una vez los contadores llamados "inteligentes". Dicen que permitirán al usuario gestionar sus consumos y ahorrar un montón de dinero pero hasta el momento las unicas "ventajas" que se le ven son las siguientes:
1. Los precios de alquiler se han incrementado notablemente
2. Muchos usuarios no tienen acceso a la medida comprobando su contador directamente como hacían hasta ahora, porque lo que aparece en el display no se sabe bien qué es y sólo está al alcance de los aparatitos para medir que tienen las contratas de lectores de las distribuidoras eléctricas.
3. Aquellos voluntariosos que, aún conscientes de regalar energía al sistema eléctrico, han instalado placas fotovoltaicas o cualquier otro sistema de producción renovable para autoconsumo sin acogerse al sistema de primas, comprueban con estupor que no solamente regalan su energía excedente al sistema eléctrico sino que los "inteligentes" contadores registran todo lo que pasa por ellos, sin importar si entra o sale, y lo consideran consumo por lo que ya no se solo se regala sino que se paga por ella como si la hubiera producido una nuclear cualquiera y la hubiera puesto la eléctrica en la puerta de nuestra casa.
4. A los clientes de mayor envergadura,  se les ofrece como servicio de pago los datos que aporta su propio contador (propio porque o bien lo ha comprado el mismo o lo tiene en alquiler), por lo que debería disfrutar de sus prestaciones sin costo.

domingo, 14 de julio de 2013

Las eléctricas pierden el juicio.

El juez da la razón al 'Robin Hood' que denuncia los abusos en la factura de la luz.
El ingeniero Antonio Moreno lleva casi veinte años denunciando abusos de las compañías eléctricas en España. Gracias a sus protestas, y solo en los dos últimos años, Moreno ahorró a todos los consumidores unos 500 millones de euros que nos habrían cobrado de más. Una de esas grandes empresas, Endesa, denunció a Moreno y le reclamó 50.000 euros porque “había lesionado su honor”. También pedía que se ordenara el cierre de la página web donde el hombre, un jubilado que cobra 980 euros de pensión, expone sus denuncias y ayuda a otros consumidores.
"Debe prevalecer la libertad de expresión del demandado”. Manuel Pérez Echenique, titular del juzgado número 86 de Madrid, dictó esa sentencia el pasado 18 de diciembre. El juez rechazaba así todas las peticiones de la multinacional eléctrica Endesa, que había reclamado 50.000 euros de indemnización más intereses al ingeniero jubilado Antonio Moreno Alfaro, extrabajador del sector y que lleva casi veinte años denunciando diferentes abusos de las compañías eléctricas que repercuten en la factura que pagan los ciudadanos. El juez considera “indudable” que las denuncias realizadas por Moreno tienen relevancia pública o interés general, recoge “la falta de puesta al día en la facturación de la tarificación eléctrica” y recuerda “las fuertes tensiones creadas en la opinión pública española” sobre los constantes aumentos en el recibo de la luz.
Aunque admite que Moreno utiliza a veces palabras duras y hasta desproporcionadas, asegura que el fin es criticar, no imputar, y el juez también rechaza la pretensión de Endesa de que Moreno tuviera que cerrar la página web (www.estafaluz.es) abierta en junio de 2008 y donde últimamente expone sus denuncias, además de ofrecer una ventana para ayudar a otros consumidores a detectar y denunciar abusos en sus recibos de la luz (en estos días asesora sin cobrar a casi 500 consumidores que le han pedido ayuda). También rechaza el juez que el ingeniero jubilado tenga que correr con los gastos de la publicación de la sentencia en los medios de comunicación que primero recogieron sus denuncias: las revistas interviú y Tiempo y el diario El País.

La OCU denuncia que la factura eléctrica sigue siendo un escollo para el consumidor.


Sólo en 2012 hemos recibido y gestionado un total de 11.025 reclamaciones relacionadas con la tarifa eléctrica. Las quejas son muy diversas, pero la dificultad para interpretar la factura y la confusión que genera en el consumidor es motivo habitual de conflicto.
La OCU vuelve a constatar, un año más, que la facturación eléctrica es uno de los principales problemas para el consumidor. Sólo en 2012 hemos recibido y gestionado un total de 11.025 reclamaciones relacionadas con la tarifa eléctrica. Las quejas son muy diversas, pero la dificultad para interpretar la factura y la confusión que genera en el consumidor es motivo habitual de conflicto.
La confusión comenzó, a juicio de la OCU, con el proceso de liberalización. Los consumidores empezaron a tratar con dos compañías, la distribuidora y la comercializadora, y ambas se pasan la pelota de la responsabilidad, con lo cual el consumidor tiene dudas sobre lo que paga y a quién paga la factura.
Con los años la situación no ha mejorado. Las facturas pasaron de bimestrales a mensuales, con consumos estimados sin información al consumidor y sin una norma clara para su implantación. Han sido necesarios tres años de quejas para que la factura mensual con estimaciones tenga su punto y final el próximo 1 de Abril.
Se abre así un nuevo periodo de aprendizaje para los consumidores y otra vez la incertidumbre es protagonista, ya que no se obliga a las compañías a informar de en qué momento los clientes que dispongan de un nuevo contador pasarán a tener factura mensual y no bimestral.
Además, la OCU denuncia los abusos que están cometiendo algunas compañías eléctricas:
Comerciales que se presentan en los domicilios con supuestas ofertas fabulosas, cuya verdadera pretensión es obtener la firma del cliente para que abandone la TUR y salga al mercado.
Empresas que no informan de que el servicio de mantenimiento no es obligatorio.
Facturas estimadas excesivas o muy bajas porque la compañía no toma la lectura desde hace tiempo.
Ante estas situaciones, la OCU recomienda reclamar, para lo cual aconsejamos actuar de la siguiente manera:
Llamando al servicio de atención al cliente de la compañía comercializadora.
Si no se soluciona el problema, presentando una reclamación por escrito en una de las oficinas de la comercializadora.
Si continúa sin llegarse a una solución, solicitando el arbitraje de consumo, comunicándolo ante la Dirección General de Industria y Energía y ante la Dirección General de Consumo de la comunidad autónoma que corresponda.
Acudiendo a juicio sin necesidad de abogado ni procurador si el importe es inferior a 2.000 euros.
La OCU pide la puesta en marcha con urgencia de contadores de gas y luz con gestión a distancia, porque de esta forma no es necesaria la lectura presencial de los consumos.
Además, reivindicamos una competencia real y efectiva entre las diferentes compañías, algo que la liberalización del sector energético no ha conseguido; y un organismo administrativo único, específico y especializado que se encargue de emitir resoluciones sobre las numerosas reclamaciones de los consumidores referidas a gas y electricidad.

LAS TARIFAS ELÉCTRICAS, OTRA HERENCIA ENVENENADA DE AZNAR

La reciente subida del importe del suministro de energía eléctrica, junto con la sentencia del tribunal supremo con la que libera a las empresas eléctricas de las obligaciones que les imponía el mal llamado bono social, o descuento a determinados consumidores que fueran personas físicas y cumplieran con numerosos requisitos que iban desde la edad hasta la potencia contratada, vienen a complicar aún más el recorrido desastroso que las tarifas eléctricas siguen en este país desde hace años.
La historia se inicia con las ventoleras neoliberales y privatizadores que invadieron a las instituciones, para hacer que el Estado Español se desprendiera de su participación en el sector industrial de la producción de energía eléctrica, comportamiento que no siguieron los grandes países europeos que como sector estratégico, que lo es, mantienen la titularidad necesario del mismo para ejercer el control oportuno.
Diferentes gobiernos españoles recorrieron con tanto entusiasmo el camino de la privatización, que llegaron al extremo de conseguir que la primera empresa eléctrica de este país, que fue de titularidad pública, terminara por estar bajo el control del Estado Italiano.
Paralelamente a una política extremadamente generosa de privatización que tanto favoreció a determinados sectores del capital, Aznar apostó por la total liberalización, lo que requirió un paquete de indemnizaciones para el sector. La excusa para llevar a cabo actuaciones tan impresentables era que con ellas se conseguiría, a medio plazo, que el precio del suministro eléctrico para el consumidor bajara como consecuencia de la libre competencia entre empresas privadas, otra hipócrita sobrevaloración del funcionamiento de los mercados.
Lo que se ha conseguido con tales políticas, en poco más de quince años, es que en la actualidad España tenga el precio más alto en el suministro eléctrico de los países de la unión y que además exista un llamado déficit tarifario que supera los veinte mil millones de euros. El déficit mencionado es la consecuencia de los controles que los gobiernos de turno han ejercido sobre el sector para limitar las tarifas que se aplican a los consumidores, en contra de la liberalización, déficit que es deuda del estado con las empresas productoras.
Es difícil encontrar contrasentidos mayores que los expuestos, en torno a la privatización y liberalización del mercado de la energía eléctrica y sus tarifas, pero los hay y se comentan a continuación.

sábado, 13 de julio de 2013

Reflexiones de Ana María López.

¿Por qué la CNE, que es un organismo del gobierno, para mediar entre las eléctricas y la ciudadanía, entre Sus objetivos son velar por la competencia efectiva en los sistemas energéticos y por la objetividad y transparencia de su funcionamiento, en beneficio de todos los sujetos que operan en dichos sistemas y de los consumidor?
¿Por qué?
Siempre y cuando digo “siempre” es SIEMPRE, todas sus mediaciones, todos sus consejos al gobierno, siempre benefician a las eléctricas.

¿Por qué el gobierno no hace nada para remediarlo?
¿Por qué ningún periodista, investiga el patrimonio de los altos cargos de la CNE?
No hace falta ser un lince para darse cuenta del “supuesto” movimiento de sobres, entre las eléctricas y dicha comisión. Tiene que ser tan evidente, que hasta un estudiante de primer año en periodismo, destaparía sin dificultad todo el pastel.

¿Por qué los ciudadanos llevamos años tolerando y permitiendo esta tomadura de pelo, sin una palabra más alta que otra?